La Ley de Procedimiento Administrativo es una ley que regula el proceso a seguir por la Administración del Estado para tomar decisiones formales en el ejercicio de su potestad pública. Esta ley es aplicable a todos los ministerios, intendencias, gobernaciones, servicios públicos, la Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, los gobiernos regionales y las municipalidades. Esta ley establece los principios del procedimiento administrativo, incluyendo la publicidad, la motivación, la imparcialidad, la veracidad, la economía, la celeridad, la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad. También establece los derechos y deberes de los particulares en el procedimiento administrativo, incluyendo el derecho a ser informados, el derecho a participar y el derecho a impugnar. Además, esta ley establece el procedimiento para la adopción y notificación de actos administrativos, así como el procedimiento para la impugnación de dichos actos.

El procedimiento administrativo es el conjunto de actividades y pasos que sigue la Administración del Estado para tomar decisiones formales en el ejercicio de su potestad pública. Este procedimiento se rige por la Ley de Procedimiento Administrativo y tiene como objetivo garantizar la transparencia, la imparcialidad y la responsabilidad en la toma de decisiones de la Administración.

El procedimiento administrativo se inicia cuando la Administración del Estado decide iniciar un proceso para tomar una decisión formal. A continuación, se llevan a cabo las siguientes actividades:

1. Publicidad: La Administración del Estado debe hacer público el inicio del proceso y proporcionar a los interesados la información necesaria para participar en el mismo.
2. Motivación: La Administración del Estado debe motivar sus decisiones, es decir, explicar las razones que han llevado a la toma de dicha decisión.
3. Participación: Los interesados tienen derecho a participar en el procedimiento administrativo y a presentar alegaciones y pruebas en su favor.
4. Imparcialidad: La Administración del Estado debe actuar de manera imparcial y no estar influenciada por intereses personales o políticos.
5. Veracidad: La Administración del Estado debe basar sus decisiones en hechos verificables y probados.
6. Economía: El procedimiento administrativo debe ser ágil y eficiente, evitando trámites innecesarios.
7. Celeridad: La Administración del Estado debe tomar sus decisiones de manera rápida y eficaz.
8. Transparencia: La Administración del Estado debe proporcionar información sobre el procedimiento administrativo y sus decisiones de manera clara y accesible.
9. Responsabilidad: La Administración del Estado debe ser responsable de sus decisiones y rendir cuentas de ellas.

Una vez finalizado el procedimiento administrativo, la Administración del Estado toma una decisión formal, que se expresa a través de un acto administrativo, y notifica a los interesados de dicha decisión. Los interesados tienen derecho a impugnar la decisión ante la autoridad administrativa o, en su caso, ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La litigación administrativa es el proceso judicial que se sigue para resolver las controversias o conflictos que surgen entre los particulares y la Administración del Estado en el ámbito de la Administración de justicia. Se trata de una vía de resolución de conflictos alternativa a la vía judicial ordinaria, que permite a los particulares impugnar los actos administrativos que afecten sus derechos o intereses legítimos.

La litigación administrativa se divide en dos tipos: la litigación contencioso-administrativa y la litigación de lo contencioso-tributario.

La litigación contencioso-administrativa es el proceso judicial que se sigue para resolver las controversias que surgen entre los particulares y la Administración del Estado en relación con la actuación de la Administración en el ejercicio de sus competencias. Los actos administrativos que pueden ser impugnados mediante este tipo de litigación son aquellos que afecten a los derechos o intereses legítimos de los particulares. La litigación de lo contencioso-tributario es el proceso judicial que se sigue para resolver las controversias que surgen entre los particulares y la Administración tributaria (es decir, la administración encargada de gestionar los tributos) en relación con el pago de impuestos. Los actos administrativos que pueden ser impugnados mediante este tipo de litigación son aquellos que establezcan obligaciones tributarias o sanciones por incumplimiento de dichas obligaciones.

En ambos tipos de litigación administrativa, el proceso judicial se inicia mediante la presentación de un recurso por parte del particular afectado. La resolución del conflicto corresponde a los tribunales administrativos, que son los encargados de juzgar las controversias en el ámbito de la litigación administrativa.